BITÁCORA: Marzo 26 de 2009

Antonio Salim Guerra, concejal de la bancada de la U, propuso citar e invitar al Defensor del Pueblo en Bolívar, a la Secretaria de Interior, a los comandantes de la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fuerza Naval del Caribe, al Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bolívar y al Director del Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía en Bolívar, para que respondan por la supuesta omisión a la alerta temprana de seguridad emitida por la Defensoría del Pueblo en enero pasado, donde se advertía sobre la ola de violencia que hoy se vive en la ciudad. Además propuso hacer un minuto de silencio diario en el Concejo y por tiempo indefinido para sensibilizar a la población sobre el problema y mostrar inconformidad por la desidia de las autoridades en el manejo de la seguridad en el Distrito.

Alberto Bernal, concejal de la bancada de la U, dijo que la responsabilidad de la seguridad es de todos y solicitó que se reconsidere la sesión “secreta” con los organismos de inteligencia de la ciudad. Lorenzo Hodeg, concejal de la misma bancada pidió que se revise con las autoridades la posibilidad de volver a entregar permisos para porte de armas (salvoconductos).

Jorge Lequerica, concejal de la bancada conservadora, dijo que la responsabilidad directa de la seguridad en la ciudad es de la Alcaldía como primera autoridad del Distrito.

Fue aprobado el proyecto de resolución para imponer Orden Civil al Mérito “Cartagena, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, en el grado de Gran Cruz, al director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo.

Jorge Cárcamo, concejal de la bancada de Por Una Sola Cartagena, dijo que es incoherente y daría un mal mensaje imponer esta condecoración al general Naranjo en el momento de zozobra y desprotección que sufre la comunidad cartagenera. Expresó que la academia y el sector productivo están de espalda a la ciudad y presentó, en nombre de su bancada, un proyecto de acuerdo por el cual se busca crear el programa “Alianza para la investigación y la solidaridad social”, cuyo objeto es que la Administración tenga herramientas para realizar convenios con estos sectores para generar conocimiento práctico que permita crear soluciones oportunas y pertinentes a los problemas de la ciudad.