Marquesina


16 mar 2010

Bitácora: 16 de marzo de 2010

Hora de inicio: 9:05 a.m.

Hora de finalización: 1:00 p.m.

Tema de debate
• Debate de control político al tema de actualización catastral en Distrito de Cartagena de Indias, tal como se refiere en la proposición 008 de 2010.

Citados e invitados asistentes: Secretario de Hacienda, Roberto Useche; representantes Instituto Geografico Agustín CodazziIGAC; FENALCO, Monica Fadúl; representante Personería Distrital.

Bancadas proponentes: Cambio Radical.

Debate de control político:
Al inicio de la sesión la Secretaria General del Concejo Distrital, Mariana del Villar, da lectura a la proposición 008 de 2010, que textualmente señala: “El Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias, en sesión de la fecha propone citar e invitar en hora y fecha que designe la Mesa Directiva a los siguientes funcionarios: Secretario de Hacienda Distrital, Director del IGAC regional Bolívar, un representante de los gremios económicos y un representante de las bienes raíces para que respondan el siguiente cuestionario:

1. Secretario de Hacienda, Dr. Roberto Useche explique a esta Corporación, ¿por qué motivos no respondió el Derecho de Petición con fecha 25 de Enero de 2010 solicitado por el Concejal William Amín Jattin? (Anexo Oficio en mención Recibido en la Secretaría de Hacienda Distrital con fecha 25 de Enero de 2010)
2. ¿En qué fecha se celebró el convenio entre la administración Distrital y el IGAC para la actualización catastral año 2010?
3. ¿Quién realizó la interventoría de esta actualización catastral año 2010? En caso afirmativo, ¿con quién se contrató?, ¿cuál fue el proceso licitatorio?, ¿quienes participaron?, ¿cuál fue su valor?, ¿en qué fecha y a quién se le adjudicó?
4. ¿En qué fecha entregó el IGAC a la administración Distrital la actualización catastral para el año 2010? (anexar acta).
5. ¿Qué tipo de contratación se utilizó para la liquidación del impuesto, e impresión de factura del impuesto predial del año 2010?, suministrando su fecha, ¿quienes participaron?, ¿a quién se le adjudicó y cuál fue su valor?
6. Ante el descontento general de la ciudadanía por el aumento de los avalúos catastrales en todos los estratos de la ciudad tanto en el sector comercial e industrial y ante las explicaciones del Director General del IGAC y la Directora Regional en informe presentado en la Cámara de Comercio de Cartagena ante la Alcaldesa Distrital, Sector Gremial y Concejo Distrital (los asistentes); solicitamos una explicación de toda la metodología utilizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC seccional Bolívar y del secretario de Hacienda Distrital para buscar un consenso que nos lleve a un equilibrio que vaya acorde con la realidad que vive el país y la economía mundial y que está afectando de paso el ingreso de la población cartagenera y al mismo tiempo no se vean tan afectado las finanzas del Distrito de Cartagena.”

En este punto, introduce William Amín Jattin, concejal del Partido Cambio Radical, quien explica que esta citación se produce por el inconformismo de todos los sectores sociales de la Ciudad frente a las alzas excesivas en los valores inmuebles. Este concejal indica que no es posible argumentar la gran proporción de estos incrementos a raíz del tiempo en que no se ha realizado dicha actualización, toda vez que hay un margen hasta de 5 años para efectuarla, por lo que sólo hay 1 año de atraso desde esta perspectiva, y no 6 como se ha querido hacer ver a la comunidad cartagenera. Por este motivo la presente citación buscaría indagar sobre los aspectos metodológicos que explicarían el cómo y porqué de los resultados evidenciados al término de este proceso.

Comienza entonces su presentación la representante del IGAC, quien explica que el proceso de avalúo catastral se decidió realizar en 2 etapas. Una primera fase correspondería al trabajo de campo donde se ejecutó la recolección de información sobre el inmueble a través de encuestas y visitas domiciliarias que permitían tener detalles definitorios para ajustar el proceso de valorización. La segunda fase correspondería al ejercicio de la asignación de dicho valor según criterios legales y económicos muy definidos. Entre tanto el sistema de financiación para este proceso recibió aportes de mil millones por parte del IGAC, algo más de esta cifra por parte del Distrito, y otros recursos financieros de parte de Cardique.

En este punto algunos concejales interpelan para hacer algunas preguntas. Entre ellos están:
Antonio Salim Guerra, concejal del Partido Cambio Radical, pide que se le explique detalles sobre cómo fue el trabajo de campo, porque muchos de los propietarios indican que no se enteraron de estas visitas, o, en su defecto, no comprenden la metodología mediante la cual el IGAC obtuvo los datos necesarios para efectuar la valorización inmobiliaria.
Lewis Montero, concejal del Partido de Integración Nacional, pregunta cómo fue el proceso de selección de personal que en la visita de campo aplicó las encuestas y recolectó información para el avalúo catastral.
William Amín Jattin, concejal del Partido Cambio Radical, explica que dentro de la documentación referida a la presente proposición las fechas de firma del convenio y del acta de iniciación presentan problemas, en el sentido que la primera es del mes de julio, mientras que la segunda del mes de mayo. Así, el hecho de que primero se dé inicio a la observación de campo, cuando no se haya pactado el convenio de manera formal, involucra problemas en el proceso de contratación.
David Dáger, concejal del Partido Liberal, dice que la entrega del trabajo se hace en el mes de enero de 2010, y por eso cree que no se puede aplicar para la vigencia fiscal de ese mismo año. Este concejal explica que para que el cobro del impuesto predial se haga sobre la base gravable obtenida del proceso de actualización catastral, es necesario que los resultados se presenten en el año inmediatamente anterior. En consecuencia pide explicaciones a la Secretaría de Hacienda para clarificar la aplicabilidad de la actualización catastral en el recaudo de 2010.
Intervención IGAC
La representante del IGAC, explica frente a estas inquietudes que:
• El personal encargado del proceso de observación de campo es muy cualificado, toda vez que siempre se les exige para vincularse a este proceso, al menos 2 años de experiencia en el campo del peritaje de la inmobiliaria, estudios en arquitectura o carreras afines del área de la construcción, y participación en eventos académicos de actualización sobre la normatividad y procedimientos para la valoración catastral.
• Indica que en muchos casos el desconocimiento de los propietarios de inmuebles sobre el proceso de la visita de campo se debe a que no se hallaban en sus casas en el momento de la observación, o a que en muchos edificios o conjuntos residenciales no se los permitió el ingreso, o a que sencillamente se les restringió a los funcionarios del IGAC tener detalles precisos sobre características físicas de las propiedades. Así pues se debió recurrir a aspectos de segundo orden para poder definir los nuevos valores de los inmuebles de la Ciudad.
• En cuanto a la contratación indica que no hay problemas o irregularidades en las fechas que sustentan el convenio o el acta de iniciación.

En este punto Andrés Betancourt, concejal de Por Una Sola Cartagena, interpela para preguntar por el tamaño de la muestra seleccionada, así como su nivel de confiabilidad respecto a la población inmobiliaria de la Ciudad.

Después el Presidente del Concejo Distrital, Alfredo Díaz, del Partido de Integración Nacional, declara sesión informal, y con ello la directora técnica del IGAC, explica los detalles técnicos y el estudio económico que soportan este proceso. Esta funcionaria explica que por resolución del Gobierno Distrital, se legitima el cobro del impuesto predial para la vigencia fiscal 2010 según los valores establecidos al término del proceso de actualización catastral que en su mayor parte fue procesado en 2009.
Esto es ratificado por Roberto Useche, Secretario de Hacienda, quien manifiesta que al quedar actualizada la base gravable en el 2009, se legitima el cobro desde el reajuste catastral en el 2010, ya que el aspecto requisito para determinar la vigencia de recaudo no es el tiempo en que se ultimen los valores prediales, sino el momento en que quede constituida el tamaño total de la base inmobiliaria de cobro, que en efecto se estableció en 2009.

Posterior a esta aclaración la funcionaria dice que la primera fase del proceso de actualización es una visita técnica cuya única finalidad es capturar la información necesaria para hacer la diferenciación apropiada de las circunstancias activas que determinan el valor del inmueble, lo que trae como consecuencia que no sean los encargados de esta fase quienes incidan o asignen el valor mobiliario. Esto da cuenta de la transparencia del proceso, afirma la funcionaria. Luego se hace un procedimiento en el que se consideran diversas variables de orden micro y macro económico que sirven de unidades diferenciales para asignar el valor a la tierra y a la construcción en cada sector de la Ciudad. En este punto la naturaleza productiva de la propiedad privada también se tiene en cuenta para medir la capacidad de pago según la asignación de los valores prediales. Se dice además que para el desfase de tiempo que presenta esta actualización catastral, de manera reglamentaria todo ajuste no debes estar, en promedio, por debajo del 40% respecto a la base valorizada hasta el momento. A esta información se le da un tratamiento estadístico muy objetivo con la asesoría de la sociedad colombiana de ingenieros.

Intervenciones concejales
Frente a esta presentación algunos concejales hicieron varias aclaraciones como son:

Antonio Salim Guerra, concejal del Partido Cambio Radical, expresa su preocupación frente a que en ningún momento se mencionó dentro de los criterios de valoración las condiciones económicas internacionales de las ventas inmobiliarias, que al verse afectadas en la mayoría de los países, seguramente repercute a Cartagena, sobre todo siendo una ciudad turística, en donde la adquisición de bienes proviene fundamentalmente de personas no locales. En cuanto a la afirmación de que los mismos propietarios son los responsables de no haber participado, e incluso de haber entorpecido el proceso de actualización catastral, este concejal evidencia que en tal caso lo mejor que hubiera podido hacer el IGAC era aferrarse del acompañamiento de la Personería para sentar en actas que esta situación en efecto se presentó.
William Amín Jattin, concejal del Partido Cambio Radical, manifiesta que es difícil hablar de idoneidad y transparencia dentro del proceso de observación de campo cuando no se respetaron las condiciones laborales de los arquitectos y profesionales de la construcción en el sentido que sus pagos por inmueble encuestado fue muy poco (se movió en el rango de $1000 - $6000). Este concejal argumenta que tiene las pruebas para demostrar su afirmación y que incluso puede traer a los trabajadores involucrados en este “atropello” siempre que se garantice que no habrá presiones para los mismos, y esto último, lo solicita porque es de su conocimiento que las hay. Solicita que en la contestación de los representantes de la IGAC no intenten “adormecer” a la opinión pública con detalles técnicos que poco tienen que ver con la realidad económica de la comunidad cartagenera, que al ser notablemente precaria, no justifica que las alzas sean tan desmesuradas, puntualiza el concejal. En el mismo sentido, Amín Jattin asegura que plantear una situación de actualización catastral tal como se pretende, sólo favorecería a que se fortaleciera el mercado oculto e irregular de la construcción “fantasma” en Cartagena, donde la propiedad privada adquiere valores excesivos a los cuales no es posible que accedan únicamente personas con capital legal. De allí que considera que deben revisarse este tipo de implicaciones en el panorama del avalúo catastral.

Frente a las anteriores afirmaciones la directora técnica del IGAC, asegura que los precios pagados a los técnicos por las visitas domiciliarias son ajustados a la normatividad legal de orden nacional, y que, de hecho, el rango en que se mueven estos es mayor que el referido por el concejal Amín.

Por su parte el Secretario de Hacienda, Roberto Useche, indica que el cambio en la valorización catastral afecta de manera directa la liquidación del impuesto predial, representando ante todo un mayor monto para la incorporación presupuestal y, por ende, en la inversión social. Este Secretario pide a la Corporación que no se olvide de la rentabilidad que se obtendría para los planes de inversión, que en el aumento del recaudo del Distrito, significaría una mejor expectativa para los programas de gobierno.

En este punto el concejal Amín indica que un mayor recaudo por concepto de impuesto predial es verdaderamente viable si la razón de su aumento proviene de un mayor volumen de inmuebles que se integren o capten en la actualización. Sin embargo, el hecho de que se quiera lograr esto mismo a partir del crecimiento exorbitado del valor predial a una cantidad casi invariable de inmuebles, no es una solución que será fácilmente aceptada por la comunidad.
Prosigue sobre el mismo tema Mónica Fadul, que en representación de los Gremios Económicos de Cartagena, da a conocer el interés del sector productivo de la Ciudad porque en este proceso se vinculara a académicos y propietarios de una forma más activa. Desde la perspectiva de sus representados las críticas a los resultados finales de la actualización catastral por parte de quienes se vieron afectados por el alza en los valores de los inmuebles, deben ser justificadas con razones objetivas que evidencien que la valorización final no corresponde a la realidad de precio de la propiedad en el mercado.
De lo contrario, por más elevado que pueda ser el alza, si en el mercado se vende el inmueble en un precio recíproco al sugerido por el IGAC, no debería cuestionarse estos planteamientos. Sin embargo, señala Fadúl, que en algo que falló el proceso de actualización catastral fue en el respeto del principio de oportunidad para con el ciudadano, debido a que los resultados no se publicaron de manera inmediata en el año en que se hizo el proceso, y por lo tanto no posibilitó una adaptación, presupuestación, o comprensión precisa de las implicaciones del alza resultante dentro del gasto particular de los propietarios.

Entre tanto considera que dentro de las variables económicas a reflexionar para la actualización catastral, no es necesario que se tenga en cuenta la capacidad adquisitiva de los cartageneros, puesto que la mayor parte de las grandes propiedades en el Distrito se mueven desde la inversión no local, al igual que el impulso del sector de la construcción. Otro punto en el que cree que el proceso falló fue precisamente en que emisiones previas de información al respecto aseguraban que las alzas estarían alrededor promedio del 25%, tanto así que sobre esta base se hizo el cálculo del presupuesto Distrital, y que para cuando se previó que este porcentaje cambiaría no fue socializado a la comunidad. Sugiere además que frente a un alza del 60% en promedio para ciudadanos y comerciantes, y de un 104% para industriales, cuando la cultura del no pago es muy arraigada, y los niveles de pobreza bastantes altos, resulta entendible por qué las críticas a este proceso de parte de la ciudadanía en general.

Propuestas y comentarios de concejales
Concluida la anterior presentación, continúan las intervenciones de los concejales:
Lorenzo Hodges, concejal del Partido de la U, le dice al gobierno Distrital que tenga por objetivo de este proceso de actualización catastral el aumentar la base de contribuyentes y no el valor de la propiedad privada. De esta forma se mantendría los alcances de un mayor recaudo sin el desfavorecimiento de la comunidad Cartagenera.
David Dáger, concejal del Partido Liberal, en busca de resolver la problemática al respecto, propone a la Administración Distrital que considere la posibilidad de que todos (IGAC, Distrito, Gremios) acuerden un régimen tarifario, que aplique desde el 2011, que sea de aumento gradual, y sin someter a las instituciones de control predial a una nueva revisión inmobiliaria.
Jorge Cárcamo, concejal de Por Una Sola Cartagena, solicita que se revise el nivel de reclamo real de la comunidad de propietarios de inmuebles en el Distrito. Con ello se posibilitaría actuar de manera particular sobre cada uno de estos reclamos para revisar los criterios nuevamente y saber si en efecto el alza es apropiada o no; ver el nivel de reclamo en las anteriores actualizaciones catastrales. En consecuencia propone establecer unas fechas de alivio, en las cuales no se imponga el cobro del impuesto predial, hasta tanto no se revisen todos y cada uno de los reclamos.
William Amín, concejal del Partido Cambio Radical, pide a la Administración Distrital que considere las quejas de los ciudadanos, sobre todo porque si el recaudo a la fecha va por encima de la expectativa, sin tener en cuenta las nuevas tasas de recaudo de acuerdo a la actualización catastral, no es necesario asumir el costo político del desacuerdo de los propietarios, si no se está viendo afectado el presupuesto de la vigencia fiscal 2010.
Andrés Betancourt, concejal de Por Una Sola Cartagena, dice que la metodología del IGAC cumplió con la ley. Pide que los canales de comunicación de la Alcaldía se restablezcan para que se determine la pertinencia gerencial de estas medidas de valoración predial.
• Por último, Mónica Fadul opina que la competitividad tiene que verse más allá de lo tributario. De ahí que un recaudo sustentado en el pago del 30% del total de propietarios no es una tasa que indique competitividad, y el Distrito debe ver esto como algo sobre lo cual trabajar. Para efectos de lograr mayor productividad de la propiedad privada cartagenera, entonces, deben buscarse estrategias para aumentar el volumen de pago por cantidad de tributantes, y no elevando el monto del impuesto predial.

Finaliza la sesión y se cita para el miércoles 17 de marzo de 2010, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

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