Marquesina


9 jun. 2010

Bitácora: 9 de junio 2010

Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 2:10 p.m.

Tema de debate:
· Debate de control político al proyecto Vía Barú, de conformidad con la proposición 039 del 2010.

Citados asistentes: Director de Valorización, Representante del concesionario constructor, Interventor de la Obra.

Bancadas proponentes: Partido de Integración Nacional – PIN

Debate de control político
De conformidad con la proposición 039 del 2010, en esta sesión se llevó a cabo el debate de control político al proyecto Vía Barú, con lo cual se da cumplimiento a una de las prioridades de la agenda de temas del Concejo Distrital.

Al inicio de la sesión, William Amín, concejal del Partido Cambio Radical, se declara impedido para participar en el debate y de esta forma queda constancia expresa en el acta.

Introduce el debate Lewis Montero, concejal del PIN, quien explica que la importancia de la sesión radica en contar con la presencia de todos los actores del proyecto Vía Barú, de manera que se pueden esclarecer las razones de atraso y sobrevalorización de las obras relacionadas y generar compromisos y metas específicas para que este problema no se siga evidenciando y llegue a buen término. A esto el concejal Antonio Salim Guerra, del Partido Cambio Radical, complementa manifestando que al definir la causa de los problemas del proyecto se puede generar el desarrollo eficiente del mismo, y en consecuencia se lograría un progreso económico en las poblaciones circunvecinas. Entre tanto Antonio Quinto Guerra, concejal del Partido Conservador, pide clarificar las razones por las cuales el Departamento de Valorización hizo un modificatorio sin respaldo o aprobación de la Interventoría.

Con estas indicaciones, toma la palabra Ciro Castilla, Director de Valorización, quien hace una presentación en la cual:

·Describe de manera general y técnica las obras desarrolladas en el proyecto a la fecha.
·Señala que hasta el momento se ha ejecutado un poco más del 10% del costo total de la obra.
·Los factores negativos que han afectado el avance de las obras han sido: problemas constructivos en varios sectores del terraplén, implementación del plan ambiental y expedición de la licencia al respecto, capa de sub base con relación de mezcla inadecuada, y bajo ritmo en trabajos obras de drenaje con problemas de descarga.

Conocida las razones de ralentización del proyecto, el concejal Quinto Guerra, pide clarificar si se están tomando medidas para que se ejecuten las cláusulas de incumplimiento, en los casos en que el retraso se ha generado por el concesionario y en caso de que no se estén tomando, solicita las razones por las cuales se ha sido permisivo con esta situación. Al respecto, el Director de Valorización responde que desde la fiduciaria se está acordando con el concesionario para dar agilidad al desarrollo de las obras en un tiempo razonable y ya pactado.

El concejal Lorenzo Hodges, del Partido de la U, denota que se han realizado pagos sin cumplir con todos los requerimientos para ello según lo estipulado en el contrato, dadas las restricciones que ha impuesto el Interventor. En este mismo sentido, el concejal Quinto Guerra, evidencia incoherencias entre las tasas de avance de la ejecución presupuestal en el proyecto, ya que la interventoría la expresa en poco más del 9 %, mientras que valorización la hace superior al 10%.

En respuesta a esto, el Director de Valorización explica que esta situación se debe a que el informe de interventoría no contempló algunas partidas por razones legítimas, pero que la cifra real está en un orden superior al 10%. De esta contestación, Jorge Cárcamo, concejal de la Bancada Por Una Sola Cartagena, expresa su preocupación por lo que se entiende como un bajo nivel de avance en la ejecución del proyecto, considerando que no es justo que la Ciudad tenga que pasar por este problema por simple falta de acción por parte de funcionarios de la Administración Distrital.

Prosigue en el orden el Representante del Concesionario, quien manifiesta que:

· No le importan los informes de interventoría, o no quiere saber su contenido, ya que su único efecto es “desinformar a la opinión pública”. Explica que este sesgo se genera a causa de una denuncia penal que le interpuso al Interventor hace 8 meses, porque aquel selló unas facturas con las cuales embargaron al consorcio de la vía 90, a través de un presunto proceso ilegítimo.

· Aclara que el pago al concesionario no proviene del Departamento de Valorización, sino del recaudo que se obtiene de los contribuyentes. Así mismo, dicho recaudo no se determina por las especificaciones de la obra sino por el margen financiero de los contribuyentes beneficiados del proyecto. Evidencia que el concesionario no hace actas de obras por lo cual no es posible reclamarle un retardo en el avance de obras a menos que se incumpla directamente con el tiempo de vencimiento del contrato.

· Destaca luego que el Departamento de Valorización le pidió al concesionario hacer obras civiles en los 1.5 kilómetros de vía que comunica el Canal de Dique con el cruce de la obra, y a la fecha después de realizarla no se ha hecho ningún pago, a pesar de haberse garantizado la pronta cancelación de los costos. Aclara que lo contratado para desarrollar por el concesionario son obras viales en 23 kilómetros y no sobre 32 como lo plantea el cálculo de avances de la interventoría.

·Finalmente expone que el actual y principal retraso en la obra se deriva de la demora en la expedición de las licencias ambientales, hecho por el cual se aumentarán costos administrativos que el Distrito deberá asumir por lo que textualmente describe como “ineptitud” de sus funcionarios.

Por su parte, el Interventor dice no saber que tiene una denuncia penal en su contra, por lo cual rechaza la afirmación de que el contenido de su informe está condicionado por alguna razón personal, indicando que sólo se ajusta a conceptos eminentemente técnicos. Aclara que ha habido cambios irregulares en las especificaciones materiales de las obras, como por ejemplo el caso del cambio de varillas de ¾ por unas de 5/8, sin la previa autorización del interventor, comprometiendo las especificaciones de los pliegos. En general, afirma que el concesionario hizo varias modificaciones sin seguir el procedimiento para hacerlas legales, por lo cual la interventoría no puede recibir la obra. También se destacan los conceptos de especialistas que informan de la inestabilidad de la obra en muchos apartes.

De las anteriores aseveraciones, el concejal Cárcamo dice que el concesionario no puede salirse de las normas pactadas contractualmente para librarse de responsabilidades con recursos de otro orden. Dice que el problema claramente es de gobierno para confrontar las diferencias informativas del concesionario y la interventoría, por lo cual hay mucha responsabilidad del Director de Valorización en que esta situación disociativa se haya perpetuado por tanto tiempo. En el mismo orden de ideas Alberto Osorio, concejal del Partido Colombia Democrática, le pide al señor Ciro Castilla que renuncie.

Por último, el concejal Rafael Meza, del Partido Conservador, para dar conclusión al debate propone que en máximo 5 días, la Dirección de Valorización envíe por escrito al Concejo Distrital las decisiones que se desarrollarán para la solución del problema evidenciado entre el Concesionario y el Interventor del proyecto Vía Barú. David Dáger, concejal del Partido Liberal adiciona que posterior a la respuesta de Valorización se considere el uso de la moción de censura como mecanismo de control frente a la negligencia del Director de Valorización para el manejo de sus funciones corporativas.

Finaliza la sesión y se cita para el jueves 10 de junio de 2010, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

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